Festejamos el 5° aniversario de la Cena del Día del Profesional, el tradicional encuentro de camaradería y unión del sector que reunió a más de 170 representantes de colegios, consejos, estamentos gubernamentales, legislativos y universitarios, entidades vinculadas y medios de comunicación. En el discurso central de la fiesta que se realizó el pasado 19 de septiembre, la presidente Liliana Barbero apuntó a instalar como esencial la condición de trabajadores de los profesionales y su inalienable derecho a gozar efectivamente de las garantías señaladas en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
“Es y será objetivo prioritario de Fepuc el restablecimiento del orden público de los honorarios que implica el acatamiento obligatorio de las escalas arancelarias que ya existen en todas las disciplinas profesionales, tanto para los profesionales como para quienes requieren de sus servicios. Para ello es imprescindible que el conjunto de los profesionales jamás olvidemos la trascendencia social de nuestra tarea en orden a la tutela del interés público y a la preservación de la seguridad pública, y que son esas las razones por las cuales el Estado regula y controla la actividad de los profesionales a través de los Colegios y Consejos Profesionales”, afirmó.
La titular de Fepuc, sostuvo que no debe perderse de vista que la inmensa mayoría de las profesiones están reguladas por el Estado por cuanto sus actividades, por su trascendencia social, involucran el interés público. “Entonces, así como en aras del interés público se requiere de ellos una formación e idoneidad específicas, acreditadas a través de sus títulos de grado, que en muchas ocasiones retrasa su acceso al trabajo, y se ejerce un control sobre su actividad a través de los distintos Colegios y Consejos profesionales, constituye una justa y necesaria contrapartida garantizarles una digna retribución”, señaló.
Además, recordó que la pérdida del carácter de orden público de los honorarios profesionales, promovida a nivel nacional a finales de los ’90 y consumada en nuestra provincia a través de la tristemente célebre “Ley Bodega”, respondió a un contexto histórico político ya superado, signado por conceptos mercantilistas que conceptualizaban los honorarios profesionales como un “costo” que era necesario reducir. Los servicios profesionales no son una mercancía y su retribución no es un precio susceptible de negociar y regatear.
Finalmente, concluyó que la unión y la convicción unánime de los profesionales otorgará la fuerza necesaria a esos justos y necesarios fines.
